La Fiscalía ha intensificado las acciones legales en el marco del caso Fondo Indígena, un proceso que ha generado gran atención pública debido a las i
La Fiscalía ha intensificado las acciones legales en el marco del caso Fondo Indígena, un proceso que ha generado gran atención pública debido a las irregularidades detectadas en la administración de recursos destinados a comunidades indígenas. En este contexto, se ha emitido una alerta migratoria contra Nemesia Achacollo, exministra vinculada directamente con la gestión del Fondo, con el objetivo de impedir que abandone el país mientras se llevan adelante las investigaciones correspondientes.
Esta medida surge luego de que Achacollo no cumpliera con dos citaciones consecutivas para presentarse ante la Fiscalía de La Paz y prestar su declaración informativa. En ambas ocasiones, la exministra alegó problemas de salud como motivo para no acudir, lo que llevó al Ministerio Público a solicitar una valoración médica oficial por parte del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF). El análisis forense concluyó que Achacollo se encontraba en condiciones físicas aptas para desplazarse a la capital y responder al llamado judicial, situación que motivó la emisión de una orden de aprehensión para garantizar su comparecencia.
El fiscal Miguel Cardozo, encargado del caso, detalló que esta orden no es un hecho aislado dentro del proceso sino que forma parte de una serie de medidas dirigidas a otros implicados en los manejos irregulares del Fondo Indígena. Según explicó, existen varias órdenes de aprehensión pendientes que han sido remitidas a la Policía para su ejecución, evidenciando el alcance y complejidad de la investigación sobre posibles delitos cometidos durante la administración del programa.
Entre los cargos que se imputan a Achacollo figuran incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y uso indebido de influencias. Estos señalamientos reflejan las sospechas sobre su responsabilidad en la gestión y destino inadecuado de fondos públicos destinados a proyectos para comunidades indígenas, un tema sensible debido al impacto social y económico que tiene para estas poblaciones.
El proceso legal ha cobrado relevancia por la persistencia con la que las autoridades buscan esclarecer los hechos y sancionar a los responsables. La negativa reiterada de Achacollo a presentarse ante la Fiscalía generó un endurecimiento en las medidas cautelares adoptadas, reforzando el compromiso del Ministerio Público para evitar posibles obstrucciones en el curso judicial. La alerta migratoria es una herramienta clave en este sentido, diseñada para asegurar que la investigada permanezca dentro del territorio nacional mientras se desarrollan las diligencias.
En resumen, el caso Fondo Indígena continúa avanzando con firmeza hacia un esclarecimiento integral. La emisión de órdenes de aprehensión y alertas migratorias refleja la determinación institucional por enfrentar posibles actos de corrupción y garantizar justicia ante irregularidades detectadas en programas públicos vitales para sectores vulnerables. La población involucrada sigue atentamente estos avances dado el impacto directo que tiene este tipo de investigaciones sobre la transparencia y eficacia en el manejo de recursos estatales destinados al desarrollo indígena
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