El Parlamento peruano ha protagonizado un giro político trascendental al aprobar la censura del presidente José Jerí, con 75 votos a favor, 24 en cont
El Parlamento peruano ha protagonizado un giro político trascendental al aprobar la censura del presidente José Jerí, con 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones. Esta decisión se tomó en una sesión realizada en el auditorio José Faustino Sánchez Carrión, a pocas semanas de las elecciones nacionales, marcando un episodio decisivo en la convulsa escena política del país.
La destitución de Jerí se concretó tras un Pleno Extraordinario que culminó con su remoción del cargo presidencial después de poco más de cuatro meses al frente del Ejecutivo. Este desenlace se da en medio de una investigación fiscal que lo involucra por presunto tráfico de influencias, conocida popularmente como el caso Chifagate, un escándalo que ha sacudido la confianza ciudadana y ha puesto en tela de juicio la integridad del mandatario.
Perú vuelve a enfrentar una crisis política profunda, sumando a Jerí como el séptimo presidente removido en apenas una década. Este dato refleja la inestabilidad institucional que ha caracterizado al país sudamericano en los últimos años y subraya los desafíos que enfrenta para consolidar un gobierno estable y transparente.
El proceso que llevó a la caída política de Jerí se aceleró notablemente durante el último mes. Encuestas recientes realizadas por Ipsos e Imasen revelaron un aumento abrupto en la desaprobación popular hacia el mandatario, con incrementos de hasta veinte puntos porcentuales en tan solo treinta días. Según Ipsos, el rechazo alcanzó un 61%, mientras que Imasen reportó un 70,4%, cifras que evidencian el desencanto generalizado entre los ciudadanos.
Este desplome en la popularidad coincidió con la divulgación de diversas irregularidades relacionadas con reuniones no registradas entre Jerí y empresarios chinos, entre ellos Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong. La exposición mediática también incluyó informes sobre contrataciones cuestionables de personas allegadas al presidente mediante el Fondo de Apoyo Gerencial (FAG), un régimen destinado exclusivamente a altos perfiles técnicos y ejecutivos. En este caso, sin embargo, se benefició a individuos sin experiencia previa en el sector público, lo cual generó sospechas sobre posibles favoritismos o prácticas irregulares.
La situación se agravó aún más cuando la Contraloría General de la República intervino solicitando expedientes y comprobantes relacionados con estas contrataciones dentro del Despacho Presidencial. Simultáneamente, la Fiscalía Anticorrupción abrió una investigación preliminar dirigida a esclarecer responsabilidades vinculadas a las modalidades contractuales y los vínculos personales implicados. Aunque por su investidura Jerí no podía ser incluido inicialmente como investigado directo, la Fiscalía no descartó su inclusión conforme avanzaran las pesquisas.
Un elemento crucial que detonó esta crisis fue el denominado Chifagate, escándalo que puso bajo escrutinio las relaciones personales y comerciales del presidente con Zhihua Yang, empresario vinculado a millonarios contratos estatales y señalado como operador clave dentro del llamado “Club de la Construcción chino”. Imágenes difundidas mostraron a Jerí ingresando encapuchado a un restaurante en San Borja sin registro oficial alguno, generando dudas sobre la transparencia de sus encuentros privados.
Ante estas revelaciones, el mandatario ofreció diversas versiones sobre los motivos de sus reuniones secretas antes de admitir públicamente su error y emitir disculpas. Sin embargo, esta estrategia no logró mitigar el daño a su credibilidad ni frenar el creciente escepticismo ciudadano; según Ipsos, hasta un 78% de los peruanos percibe indicios claros de corrupción asociados a su conducta.
El contexto político se tornó más adverso cuando surgieron nuevos cuestionamientos relacionados con aspectos personales del presidente. Investigaciones periodísticas revelaron fiestas privadas donde participaron congresistas, ministros y personas vinculadas presuntamente con redes ilícitas dentro del Congreso. Además, se documentaron visitas reiteradas al despacho presidencial por parte de jóvenes que posteriormente accedieron a contratos estatales. La filtración pública de imágenes y mensajes entre Jerí y sus colaboradoras profundizó aún más la percepción pública sobre falta de ética y transparencia en su gestión.
Con esta destitución queda activado el mecanismo constitucional para la sucesión presidencial. Según lo establecido por las normas parlamentarias peruanas, corresponde convocar una nueva sesión plenaria para elegir al nuevo presidente del Congreso. Este cargo adquiere una relevancia especial ya que quien lo ocupe asumirá interinamente la jefatura del Estado hasta la transmisión formal del mando prevista para finales del mes siguiente.
El actual presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, anunció que este proceso electoral interno para designar al sucesor inmediato de José Jerí tendrá lugar próximamente. La sesión está programada para realizarse este miércoles 18 de febrero a las 18:00 horas, momento clave para definir quién liderará temporalmente el Ejecutivo durante este periodo delicado para Perú.
En suma, la remoción abrupta del mandatario refleja no solo las consecuencias directas derivadas del caso Chifagate y otras irregularidades administrativas sino también evidencia una vez más los desafíos estructurales que enfrenta Perú para estabilizar su sistema político e institucional frente a continuas crisis gubernamentales. Para la población peruana esta situación implica incertidumbre pero también una oportunidad para exigir mayor transparencia y rendición de cuentas en sus autoridades públicas mientras se prepara para elegir nuevas autoridades mediante las próximas elecciones nacionales
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