Desde septiembre, Estados Unidos ha intensificado una campaña militar focalizada en la interdicción de embarcaciones consideradas como narcolanchas, p
Desde septiembre, Estados Unidos ha intensificado una campaña militar focalizada en la interdicción de embarcaciones consideradas como narcolanchas, presuntamente vinculadas al narcotráfico en aguas internacionales y regionales. Esta operación, que se ha desarrollado con un enfoque agresivo, ha provocado la muerte de al menos 140 personas en cerca de 40 ataques, según datos oficiales divulgados por el Comando Sur estadounidense.
El más reciente episodio de esta ofensiva tuvo lugar el lunes, cuando tres ataques coordinados contra lanchas sospechosas en el Pacífico oriental y el Caribe resultaron en la muerte de once personas. Dos de las embarcaciones atacadas estaban inmóviles al momento del bombardeo, mientras que una tercera se desplazaba a gran velocidad. Los videos difundidos por el Comando Sur muestran escenas previas al ataque donde se observan movimientos de personas dentro de dos de las lanchas, lo que sugiere actividad a bordo poco antes de la intervención militar.
Esta campaña forma parte del marco estratégico definido por la administración estadounidense para combatir lo que denomina “narcoterrorismo” en América Latina. Sin embargo, esta política ha generado un debate intenso y polémico, debido a la ausencia de pruebas concluyentes que vinculen directamente a las embarcaciones atacadas con actividades ilícitas relacionadas con el tráfico de drogas. La falta de evidencia clara ha llevado a cuestionamientos sobre la legitimidad y legalidad internacional de estos ataques, particularmente desde la perspectiva del derecho humanitario y los derechos humanos.
Expertos en derecho internacional han señalado que estas acciones podrían constituir ejecuciones extrajudiciales, dado que los objetivos militares parecen haber sido civiles o personas que no representaban una amenaza inmediata o directa para Estados Unidos en esos momentos. Esta situación recuerda otras operaciones militares estadounidenses llevadas a cabo durante décadas en países como Yemen, Somalia o Siria, donde ataques selectivos contra supuestos objetivos terroristas se efectuaron sin confrontación directa ni amenaza inmediata identificable.
Paralelamente a esta ofensiva naval contra las presuntas rutas marítimas del narcotráfico, Washington ha desplegado una significativa fuerza naval en el Caribe. Esta flotilla no solo tiene como objetivo interrumpir las líneas de contrabando marítimo atribuidas a organizaciones criminales, sino que también ha jugado un papel estratégico en la imposición de un bloqueo petrolero contra Venezuela. Además, esta presencia naval ha facilitado operaciones destinadas a capturar y detener a figuras políticas clave del país sudamericano, incluido su presidente izquierdista Nicolás Maduro, quien actualmente permanece detenido bajo custodia estadounidense.
Este despliegue naval contó con la participación destacada del portaaviones USS Gerald R. Ford y varios destructores acompañantes. No obstante, la semana pasada este grupo central fue enviado hacia Medio Oriente como parte de las maniobras militares destinadas a reforzar la presión sobre Irán ante posibles escenarios de intervención militar. Este movimiento revela cómo Estados Unidos articula sus recursos militares entre distintas regiones geopolíticas para responder a amenazas percibidas tanto en América Latina como en otras zonas estratégicas del globo.
En conjunto, estas operaciones reflejan una política exterior estadounidense caracterizada por un uso expansivo del poder militar para combatir amenazas transnacionales como el narcotráfico y el terrorismo. Sin embargo, también evidencian tensiones importantes respecto a los límites legales y éticos en el empleo de la fuerza letal fuera del territorio nacional y sin procesos judiciales claros. Para las poblaciones afectadas y las comunidades regionales involucradas, estas acciones han significado un aumento en la violencia marítima y una mayor incertidumbre sobre los derechos humanos y el respeto al debido proceso en contextos complejos donde convergen intereses políticos, económicos y estratégicos internacionales
COMMENTS