La madrugada del jueves 12 de febrero marcó un grave episodio de violencia contra la prensa en Bolivia, cuando un periodista fue víctima de un atentad
La madrugada del jueves 12 de febrero marcó un grave episodio de violencia contra la prensa en Bolivia, cuando un periodista fue víctima de un atentado que las principales organizaciones periodísticas del país califican como un intento de asesinato. Este hecho ocurrió en la ciudad de El Alto, donde el comunicador, tras cubrir un acto de campaña electoral en la plaza de la Cruz de Villa Adela, fue interceptado por desconocidos que lo sometieron por la fuerza y lo trasladaron a un lugar apartado para agredirlo y amenazarlo.
La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia (CSTPB) emitieron un pronunciamiento conjunto denunciando el ataque, que no solo buscó silenciar al periodista mediante violencia física sino que también implicó el robo de sus herramientas de trabajo. La víctima, cuya identidad se mantiene en reserva para proteger su seguridad, fue trasladada por sus agresores a un terreno baldío en la zona de Kiswaras, aproximadamente a 15 kilómetros del lugar inicial. Allí fue sometida a agresiones y amenazas explícitas dirigidas a impedir el ejercicio libre y seguro de su función informativa.
Posteriormente, el periodista logró recibir auxilio y fue llevado al Hospital Corea, donde requirió una intervención quirúrgica debido a las lesiones sufridas. Tras recibir el alta médica, emprendió las acciones legales correspondientes para denunciar formalmente el ataque ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) y se sometió a una valoración forense en el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF). Las evidencias médicas y su testimonio refuerzan la gravedad del atentado, evidenciando una clara intención criminal dirigida a silenciarlo.
El pronunciamiento emitido desde La Paz el 15 de febrero resalta que este caso no debe considerarse como una mera manifestación aislada de inseguridad ciudadana. Por el contrario, se trata de un acto premeditado con objetivos claros: intimidar y amedrentar al gremio periodístico. La violencia ejercida y el robo deliberado del equipo profesional subrayan la naturaleza estratégica del ataque contra quienes se dedican a informar con independencia.
Este incidente se inscribe en un contexto preocupante para los trabajadores de la prensa en Bolivia, donde persiste una alarmante tendencia a la violencia contra periodistas. Las organizaciones que representan al sector advierten sobre una situación alimentada por la impunidad, ya que los casos previos no han sido objeto de investigaciones rápidas ni transparentes que permitan sancionar adecuadamente a los responsables. Esta falta de respuesta efectiva genera un ambiente propicio para nuevas agresiones, afectando gravemente las condiciones para ejercer el periodismo con libertad y seguridad.
En consecuencia, la ANPB y la CSTPB exigieron a las autoridades competentes iniciar una investigación inmediata, exhaustiva e independiente para esclarecer los hechos y llevar ante la justicia tanto a los autores materiales como intelectuales del atentado. Además, reclamaron que se implementen medidas urgentes para proteger al periodista agredido y garantizar su integridad física y psicológica, así como la seguridad de su familia.
Este pronunciamiento se suma a los reiterados llamados realizados por los sectores periodísticos en Bolivia para que el Estado garantice condiciones mínimas que permitan desarrollar el trabajo informativo sin temor ni amenazas. La defensa del derecho a informar libremente es fundamental para fortalecer la democracia y asegurar una sociedad bien informada; por ello, proteger a quienes ejercen esta labor es una responsabilidad ineludible para las autoridades nacionales.
En suma, este violento ataque no solo pone en riesgo individualmente al periodista afectado sino que también representa un desafío para toda la profesión periodística en Bolivia. La respuesta institucional ante este tipo de agresiones será determinante para frenar esta escalada violenta y reafirmar el compromiso con la libertad de prensa como pilar esencial del sistema democrático
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