El Tribunal Supremo Electoral ratifica inhabilitación de ADN y UCS en Bolivia

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, ha reafirmado con firmeza la decisión tomada por el ente electoral de cancelar la personería jurídica de dos partidos políticos, Acción Democrática Nacionalista (ADN) y Unidad Cívica Solidaridad (UCS). Esta medida responde a una normativa establecida que establece que las organizaciones políticas que no alcanzan al menos el 3% de la votación en elecciones generales pierden automáticamente su reconocimiento legal y, por ende, su derecho a participar en procesos electorales posteriores. La determinación ha generado un intenso debate político y una serie de reacciones adversas por parte de los sectores afectados, pero desde el TSE se sostiene que la aplicación estricta de la ley es fundamental para preservar la transparencia y el orden en el sistema electoral.

Ávila enfatizó ante los medios que el TSE no cederá a presiones ni solicitudes que contravengan el marco legal vigente. En este sentido, remarcó que las reglas electorales fueron definidas con anticipación y aprobadas oficialmente, por lo cual deben ser respetadas sin excepción por todas las fuerzas políticas y autoridades involucradas. La autoridad electoral recordó que la pérdida de personería jurídica ocurre de manera automática luego de conocer los resultados electorales generales, y que el TSE inició inmediatamente los procedimientos para cancelar a ADN y UCS tras las elecciones del año anterior. No obstante, dichos trámites se vieron temporalmente suspendidos debido a recursos presentados por las mismas organizaciones ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), lo cual generó un periodo de incertidumbre sobre su estatus legal.

Con la reciente resolución del TCP, quedó claro que estas organizaciones políticas ya no mantienen vigencia legal alguna. En consecuencia, el Tribunal Supremo Electoral procedió sin demora a formalizar la cancelación definitiva de sus personerías jurídicas. Esta acción fue plasmada en la Resolución 45/2026, documento oficial mediante el cual también se canceló la personería jurídica del Movimiento de Organización Popular (MOP), una agrupación ciudadana vinculada con UCS. Además, esta resolución implicó la anulación de la alianza política Nuevas Ideas, compuesta por UCS y Poder del Pueblo (PP). Cabe destacar que dos semanas antes, siguiendo también instrucciones del TCP, el TSE había cancelado las personerías jurídicas de ADN junto con otras agrupaciones ciudadanas como Nacer y Pando Somos Todos.

Las consecuencias derivadas de estas decisiones son significativas y afectan directamente al panorama político nacional. Al menos ocho alianzas políticas distribuidas en siete departamentos quedaron automáticamente inhabilitadas para presentar candidatos en las próximas elecciones subnacionales previstas para marzo. Los candidatos inscritos bajo estas organizaciones no podrán ser reinscritos mediante otras agrupaciones políticas debido a las restricciones legales vigentes. En términos prácticos, esta situación se reflejará en las papeletas electorales donde los espacios destinados a estos partidos aparecerán marcados en color gris, simbolizando su exclusión oficial del proceso electoral.

La medida adoptada por el TSE ha provocado una fuerte reacción entre los dirigentes y candidatos afectados. Algunos líderes políticos han emitido advertencias legales contra los vocales electorales y contra Gustavo Ávila personalmente. Entre ellos figuran figuras como Juan Carlos Medrano (ADN–SAO), Rafael ‘Tata’ Quispe (UCS), Jhonny Fernández —líder histórico de UCS— y Edmand Lara, vicepresidente actual de dicha organización política. Estos actores han convocado incluso a una reunión entre frentes inhabilitados para coordinar acciones conjuntas; sin embargo, hasta el momento no se ha concretado dicha cita programada para principios de febrero en La Paz.

Uno de los opositores más activos ha sido Rafael Quispe quien anunció su intención de presentar un amparo constitucional ante el Tribunal Constitucional Plurinacional e incluso manifestó la posibilidad de acudir a instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) si considera vulnerados sus derechos políticos. Sus declaraciones incluyeron amenazas directas hacia Gustavo Ávila, lo que motivó una respuesta institucional inmediata desde el propio Tribunal Supremo Electoral.

En un comunicado oficial emitido por la Sala Plena del TSE se expresó una postura clara: manifestaron apoyo total al presidente Ávila frente a los ataques recibidos y advirtieron sobre posibles acciones legales contra quienes profieran amenazas o intenten deslegitimar al órgano electoral mediante descalificaciones públicas. Esta defensa institucional busca proteger la independencia del ente electoral y garantizar que sus decisiones se ejecuten conforme al orden jurídico establecido sin interferencias indebidas.

Por último, Gustavo Ávila reiteró públicamente que la decisión adoptada es definitiva e irreversible dado que responde estrictamente al cumplimiento constitucional y legal vigente. Aseguró que no permitirá excepciones ni habilitaciones ilegales para partidos políticos cuya personería jurídica haya sido cancelada formalmente. Asimismo recordó que el plazo establecido para realizar reemplazos o ajustes en candidaturas vence próximamente antes del inicio formal del calendario electoral subnacional previsto para marzo próximo.

Esta situación pone sobre relieve la importancia del cumplimiento normativo dentro del sistema democrático boliviano y subraya cómo las instituciones encargadas velan porque los procesos electorales sean transparentes, equitativos y respetuosos del marco legal vigente. La exclusión definitiva de organizaciones políticas con bajo respaldo popular busca fortalecer un escenario electoral más competitivo y legítimo frente a los ciudadanos. Sin duda, este episodio marcará un hito en la dinámica política nacional durante este ciclo electoral subnacional próximo a desarrollarse