El juzgado Agroambiental de Entre Ríos emitió una resolución que ordena la suspensión temporal de las actividades de la empresa Petrobras en el pozo D
El juzgado Agroambiental de Entre Ríos emitió una resolución que ordena la suspensión temporal de las actividades de la empresa Petrobras en el pozo Domo Oso X3, ubicado en la reserva de Tariquía, departamento de Tarija. Esta medida precautoria, que tiene una vigencia inicial de 30 días, busca detener la perforación exploratoria mientras se evalúan las pruebas presentadas por las partes involucradas.
La decisión judicial establece un plazo de un mes para que tanto las autoridades como los actores implicados en el proyecto presenten la documentación y evidencias que respalden sus posiciones respecto a la propiedad o las posibles restricciones para la exploración petrolera en la zona. Posteriormente, el juez responsable, Clever Osorio, analizará los argumentos para emitir un fallo definitivo.
El procedimiento legal fue iniciado por el Defensor del Pueblo, quien acudió a la justicia agroambiental para frenar las operaciones petroleras tras el ingreso de Petrobras a la reserva natural el pasado 6 de enero. La presencia policial para proteger las actividades de la empresa generó tensiones con las comunidades indígenas locales, que se han manifestado en contra de la explotación de gas y petróleo en el área.
En la demanda se incluyen como demandados a altos funcionarios del sector hidrocarburos y planificación del desarrollo, así como al viceministro de Medio Ambiente y al presidente de YPFB. Petrobras figura como parte pasiva en el proceso. Además, se convocó a once dirigentes indígenas de comunidades que podrían verse afectadas por las operaciones petroleras, quienes participan como terceros interesados en el litigio.
El tribunal solicitó al Ministerio de Hidrocarburos toda la documentación relacionada con la autorización y ejecución del proyecto San Telmo Norte, así como al Parlamento los antecedentes contractuales vinculados a la exploración en la región. El fallo, que consta de aproximadamente 30 páginas, detalla 17 resoluciones que deben ser cumplidas por las autoridades y líderes comunitarios involucrados, reflejando la complejidad y el carácter no resuelto del conflicto ambiental y social en torno a la reserva de Tariquía
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