Las investigaciones relacionadas con las irregularidades en la construcción de la doble vía El Sillar han alcanzado a exfuncionarios del Ministerio de
Las investigaciones relacionadas con las irregularidades en la construcción de la doble vía El Sillar han alcanzado a exfuncionarios del Ministerio de Obras Públicas. Entre los denunciados figuran el exministro Milton Claros y el expresidente de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Henry Nina, junto a otras seis personas que próximamente serán convocadas por las autoridades, según informó el abogado defensor del exministro Édgar Montaño, Edwin Lenis.
Cabe destacar que Montaño, quien fue una figura cercana al expresidente Luis Arce, ya se encuentra detenido preventivamente en el penal de San Pedro de La Paz debido a este caso. Sin embargo, Lenis precisó que en la actualidad las denuncias contra Claros y Nina no se han formalizado como imputaciones, sino que se encuentran en etapa preliminar.
El abogado también manifestó su sorpresa por la ausencia del exministro Iván Arias, actual alcalde de La Paz, en el proceso, dado que estuvo al frente del Ministerio de Obras Públicas antes de 2020. Según Lenis, si el delito investigado es incumplimiento de deberes, Arias debería estar incluido en las denuncias.
En defensa de Montaño, Lenis señaló que las acusaciones basadas en una supuesta falta de supervisión son incorrectas y aseguró que demostrarán que su cliente no participó en los hechos que se le atribuyen. Además, adelantó que se presentará una solicitud para la liberación del exministro.
El 12 de enero, tras una audiencia virtual que duró casi cuatro horas, un juez dictó una detención preventiva de cuatro meses para Montaño, plazo inferior a los seis meses solicitados por la Fiscalía. El exministro enfrenta cargos por incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado.
El fiscal Omar Yujra imputó a Montaño por un presunto perjuicio económico de tres millones de dólares, fundamentado en la firma de contratos con la empresa china Sinohydro que contenían cláusulas consideradas desfavorables para el Estado, además de la aplicación de un tipo de cambio de 6,98 bolivianos por dólar en lugar del 6,96 vigente en 2015, lo que habría provocado sobreprecios y pagos irregulares
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