Dos miembros de la Asamblea Departamental de Cochabamba presentaron ante el Tribunal Constitucional Plurinacional un recurso de inconstitucionalidad c
Dos miembros de la Asamblea Departamental de Cochabamba presentaron ante el Tribunal Constitucional Plurinacional un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto Supremo 5503, emitido por el presidente Rodrigo Paz, que elimina la subvención a los carburantes. Juan Carlos Irahola y Nelly Pinto solicitaron que se declare la nulidad de esta norma, argumentando que contraviene preceptos establecidos en la Constitución Política del Estado (CPE).
Según Irahola, el decreto infringe el artículo 410 de la Constitución, que establece la supremacía de la Carta Magna sobre cualquier otra norma legal, especialmente cuando se afectan derechos fundamentales. El asambleísta subrayó que ningún decreto puede prevalecer sobre la Constitución y que esta medida vulnera atribuciones y derechos esenciales.
Además, advirtió que la permanencia de esta norma podría sentar un precedente que permita al Ejecutivo realizar contratos, ceder recursos naturales a empresas extranjeras o contraer créditos sin la aprobación previa de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Criticó el uso del mecanismo denominado “fast track” incluido en el decreto, que posibilita la ejecución de operaciones financieras si el Legislativo no se pronuncia en un plazo de 30 días, lo cual, según su interpretación, contradice el artículo 322 y otros artículos constitucionales que exigen la aprobación legislativa para tales actos.
Los asambleístas pidieron al Tribunal Constitucional que anule los artículos del decreto que contravienen la Constitución. En la presentación del recurso estuvieron acompañados por el concejal Rodolfo Avilés, quien manifestó su apoyo a esta acción legal. La norma ha generado rechazo en diversos sectores sociales, incluyendo a la Central Obrera Boliviana, que mantiene movilizaciones en varias regiones del país en protesta contra la medida




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